La Asociación de Inspectores del Banco de España puso ayer en entredicho la valoración hecha por Deloitte sobre el agujero de Banco Popular, que cifró entre 2.000 y 8.200 millones de euros, y que sirvió de base para la venta del grupo al Santander por un euro.
En un comunicado dirigido a sus asociados, los inspectores consideran "llamativo" que la valoración de un experto independiente establezca un rango con una diferencia de 6.000 millones de pérdidas, en función de los escenarios que se contemplen. "Esto lleva a pensar que o los escenarios son de una diversidad extrema, o el experto no lo es tanto, o no lo es su independencia", indica la nota.
Por otro lado, cuestionan los sistemas de supervisión. "Estar satisfechos porque un rescate o intervención se haya llevado a cabo sin coste directo para el contribuyente (los indirectos todavía están por analizar) es como estar contento porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie", indica el comunicado. "Con este modelo de regulación y de supervisión, es posible que la crisis del Banco Popular no sea desgraciadamente ni la última ni la peor", lamentan los inspectores, que alertan de que "la banca europea sigue en crisis y el diagnóstico y el tratamiento no son en absoluto adecuados".
Por su parte, accionistas de la Sindicatura de Popular - primer accionista del banco, con el 9,6% - así como consejeros y pequeños inversores estudian emprender acciones legales contra el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y contra el FROB.
En cuanto a los efectos de la crisis del Popular en el sistema financiero, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, descartó que se produzca un contagio a otras entidades. "El mercado ya ha digerido la noticia", indicó, al tiempo que consideró "muy adecuada" la decisión de suprimir las inversiones bajistas sobre Liberbank.
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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
