NO se PUBLICARÁN LOS DATOS DE LOS DEFRAUDADORES SI PAGAN

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica que obligará a publicar los nombres de los condenados por fraude fiscal, un texto que matiza la propuesta original del Ejecutivo e incorpora las recomendaciones de organismos judiciales y del Consejo General del Poder Judicial. Así, las sentencias de aquellos condenados por fraude que paguen su deuda con Hacienda no se harán públicas. El texto se tramitará en paralelo a la Ley General Tributaria, que regulará la publicación de la lista de morosos que deban a Hacienda más de un millón de euros a 31 de julio de 2015 y que no podrán evitar salir en la lista aunque paguen.

La nueva ley establecerá la obligación de publicar en el BOE los fallos de las sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia punible cuando el acreedor sea el erario público o delitos de contrabando. El extracto publicado contendrá los datos que permitan la identificación del condenado y del responsable civil, el delito del que se le considere culpable, la pena y la cifra de la responsabilidad civil impuesta. Un sector del Poder Judicial y el Consejo Fiscal ha alertado de que la difusión de las resoluciones podría suponer una intromisión a los derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que en este caso "prevalece el interés general". Explicó que las sentencias se irán publicando en el BOE una vez que la ley entre en vigor, se difundirán de forma parcial y no incluirán datos que atenten contra el honor del afectado. Las sentencias firmes anteriores a la publicación de la ley no se difundirán, pero sí todas las posteriores, aunque los hechos delictivos se cometieran antes de la entrada en vigor de la ley. El tiempo medio de tramitación de las sentencias - desde que la denuncia llega a la Agencia Tributaria hasta que la sentencia es firme - es de 2.331 días (6,3 años). La vicepresidenta también detalló que el año pasado hubo 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda Pública.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)