El juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, investigará a las excúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional estimara el recurso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
El auto ordena que se citen como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la CNMV Julio Segura, así como al ex subgobernador del Banco de España hasta el pasado enero y exvicepresidente de la CNMV en el momento de los hechos Fernando Restoy y a otros cinco altos cargos del banco emisor: el exsubgobernador Javier Ariztegui; el exdirector de supervisión Jerónimo Martínez Tello; el exresponsable de supervisión de las cajas, Pedro González; el director general de supervisión; Mariano Herrera; y el director general adjunto de supervisión, Pedro Comín. Estos tres últimos, que en la actualidad seguían formando parte de la cúpula de supervisión del Banco de España, renunciaron a sus cargos tras conocerse el auto con el fin de que su citación "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España", según informó el propio banco en un comunicado.
Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por el juez Antonio Díaz Delgado, consideran "razonable y razonada" la argumentación de la acusación popular y encuentran que hay "indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados". Según el auto, ambas instituciones aprobaron la ops de Bankia, a la que acudieron 250.000 pequeños inversores, "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la salida a Bolsa no debía ser aprobada", pues suponía "grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes, estimado en unos 15.000 millones".
La Audiencia Nacional ha tenido en cuenta las pruebas testificales aportadas desde el comienzo de la instrucción, en 2012, especialmente los correos electrónicos enviados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus a sus superiores, en los que advertía de la inviabilidad a medio plazo del grupo BFA-Bankia y de los "graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia", así como el informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, quien planteó que la responsabilidad de la salida a Bolsa y la posterior pérdida de los inversores "no sería exclusiva de los administradores o del auditor", sino también de "los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño".
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
