La crisis del coronavirus generará una recesión del 9,2% de la economía

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos actualizó ayer el Programa de Estabilidad 2020-2021 y el Programa Nacional de Reformas de 2020 para su remisión a la Comisión Europea.

Siguiendo las nuevas directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2020 y 2021 y el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia y contrarrestar los efectos del COVID-19 en la economía.Programa de Estabilidad 2020-2021

El nuevo cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presenta un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Así, se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19 en la economía en los dos primeros trimestres de 2020 y el comienzo de la recuperación de la actividad en el segundo semestre de este año. Como consecuencia, se estima una caída del Producto Interior Bruto del 9,2% en el conjunto del año y una importante recuperación en 2021, con una tasa de crecimiento prevista del 6,8%.

Las medidas de protección de los trabajadores y de flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo adoptadas consiguen reducir el impacto en la actividad y el empleo. Se prevé que la tasa de paro se sitúe en el 19% en 2020, para reducirse en 2021 hasta el entorno del 17%.

Todas las iniciativas de apoyo a familias, trabajadores y empresas han permitido mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, si bien están suponiendo un gran esfuerzo en términos de apoyo presupuestario, de forma que se prevé que el déficit público en 2020 se sitúe en el 10,3% y la deuda pública en el 115,5%.

Impacto de medidas aprobadas

El aumento del déficit denota el esfuerzo de las administraciones públicas por paliar los efectos de la pandemia. En concreto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de que la salida de la crisis no genere más desigualdades y evitar lo ocurrido con la salida de la crisis de 2008.

En este sentido, las decisiones adoptadas por el Gobierno en el ámbito, sanitario, social, laboral, económico y tributario tienen un impacto total de más de 139.000 millones de euros.

En concreto, las medidas adoptadas mediante reales decretos implican unaumento directo del gasto de 28.400 millones y una minoración de los ingresos de 6.119 millones. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo;

- Facilitar los ERTE en empresas para asegurar que los trabajadores siguen percibiendo al menos el 70% de su salario y al mismo tiempo se exonera a las empresas de las cotizaciones sociales. Ambas cuestiones suponen un impacto de 20.000 millones de euros.

- Abonar una prestación extraordinaria a los autónomos afectados por el cese de actividad o que hayan vista reducida un 75% su facturación supondrá 3.700 millones en beneficio de este colectivo.

- Establecer un IVA del 0% para la adquisición de productos sanitarios cuando el destinatario sea un hospital, entidad pública o privada sin ánimo de lucro tendrá un impacto de 1.022 millones.

- Medidas de flexibilidad tributaria como la posibilidad de que los autónomos cambien del sistema de tributación por módulos al sistema de estimación directa sin la exigencia de permanecer tres años en la nueva tributación o que las pymes puedan cambiar el sistema del cálculo del pago fraccionado para hacerlo en función de los beneficios reales trimestrales. Ambas medidas suponen un coste de 1.100 millones de euros.

- Transferir a las CCAA los 2.867 millones por la actualización de las entregas a cuenta. Unas entregas a cuenta que han sido calculadas con una previsión de crecimiento del 1,6% y no con la caída del PIB provocada tras la pandemia. Esta inyección permitirá a la CCAA recibir este año la mayor financiación de su historia con 115.000 millones de euros, un 7,3% más que en 2019.

A estas medidas hay que sumar los programas de avales del Estado como los 100.000 millones de líneas ICO dirigidas principalmente a dotar liquidez a pymes y autónomos. Además, de los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para atender costes de carácter social.

El Gobierno considera que estas medidas van en la dirección de mitigar el impacto de la crisis en las familias, trabajadores y empresas con el objetivo de evitar un aumento de las desigualdades y la pobreza.

Las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un fuerte incremento del PIB que permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento.

(Fuente: Moncloa/Ministerio de Economía)