El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 60.718 millones de euros el coste público al que asciende, de momento, del proceso de reestructuración bancaria producido entre 2009 y 2015. No obstante, el tribunal advierte de que esta estimación no se puede considerar "definitiva" puesto que el Estado sigue siendo el principal accionista de Bankia y BMN. Las futuras ventas de las participaciones en las entidades nacionalizadas, unidas a la evolución de las garantías otorgadas en la venta de otras entidades, "pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe", señala el Tribunal de Cuentas.
La institución calcula que los recursos públicos comprometidos para rescatar y sanear el sector financiero entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros. La fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones, aunque el saldo vivo de la única emisión sin amortizar es de 1.059 millones. Además, a 31 de diciembre de 2015, las emisiones de deuda sénior de Sareb, el banco malo, alcanzaba los 43.476 millones de euros, avalados por el Estado.
Los procesos que han supuesto un mayor coste son el saneamiento y posterior venta de Catalunya Banc (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).
En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que, en líneas generales, la contratación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado "insuficiencias o deficiencias" de tipo formal en la tramitación de los contratos. En concreto, el tribunal destaca que el FROB "no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes" en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido "el cumplimiento sin restricciones" de la ley".
El documento detalla que el FROB no pudo recuperar el dinero de Banco Gallego o el Banco de Valencia al vender ambas por un euro o que el organismo gastó 1,4 millones en informes financieros sobre Ceiss y Liberbank, antes de que solicitaran apoyo público que resultaron innecesarios. Por último el tribunal aconseja al FROB y al Fondo de Garantía de Depósitos establecer un sistema de contabilidad analítica "que permita conocer de forma directa e inmediata" los recursos públicos destinados a cada entidad asistida. Precisamente, EL MUNDO resalta en su primera que "la venta de las Cajas intervenidas se hizo sin criterio ni controles" al carecer de dicha "contabilidad analítica".
EL PAÍS 1,31/EL MUNDO 1,24/ABC 34/LA VANGUARDIA 47/EL PERIÓDICO 1,25/LA RAZÓN 30/CINCO DÍAS 22
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
