El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que modifica la ley de Hidrocarburos y que crea un nuevo impuesto a las actividades de explotación y producción de los mismos. La idea es que comunidades autónomas, ayuntamientos y propietarios de los terrenos donde se lleven a cabo las prospecciones para la extracción de petróleo y gas y técnicas como el fracking reciban parte de lo que se recaude con las nuevas tasas. Según el Ministerio de Industria se busca que "las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad, contemplándose además dotaciones específicas para autonomías y entes locales".
El nuevo tributo podría estar entre el 7% y el 8% "sobre el valor de la producción de hidrocarburos". Los propietarios de los subsuelos tendrán un retorno del 1% del valor de la producción anual y se actualizará al alza el canon que abonan las compañías por la ocupación del suelo mientras realizan trabajos de exploración y producción. Industria no precisó qué porcentaje irá destinado a comunidades y ayuntamientos. En el caso de yacimientos marinos, el dinero irá a las arcas de la comunidad más cercana.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, advirtió ayer: "Se equivocan los que creen que Canarias está en venta, ni siquiera en alquiler". "Estamos hablando de auténticas migajas comparado al gasto turístico anual en Canarias", indicó, y dijo que "según miembros del Gobierno estatal" el cálculo de ingresos es de unos 300 millones de euros en 20 años. El presidente canario, Paulino Rivero, consideró que el impuesto es "una cortina de humo" para "comprar voluntades". "He dicho hasta la saciedad que si hubiera recursos, son de los canarios y serán los canarios los que decidirán", afirmó. La portavoz del Gobierno balear, Núria Riera, pidió a Soria que se dedique a "parar las prospecciones" y no a "opinar" sobre si los senadores baleares del PP que votaron a favor de parar los sondeos deberían ser sancionados.
Los diarios coinciden en que con esta medida el Gobierno intenta vencer la oposición a estas prácticas por parte de la sociedad y los propios gobiernos autonómicos y locales. "Rajoy crea un impuesto para vencer la oposición social a las prospecciones", titula EL PAÍS, que recuerda que "el Constitucional ha paralizado cuatro leyes autonómicas contra el fracking". Según EL MUNDO, "el Gobierno impone a las petroleras la tasa fracking". "Industria compensará a comunidades y ayuntamientos por el fracking", destaca ABC. "El Gobierno crea un impuesto para fomentar la extracción de hidrocarburos", dice LA VANGUARDIA, que apunta que la medida "facilita técnicas como el fracking y sondeos como el de Repsol en Canarias". También EL PERIÓDICO resalta que "el Gobierno estimula el fracking y los sondeos de petróleo y de gas". LA RAZÓN titula: "El Gobierno apoya la extracción de crudo y gas por fracking". CINCO DÍAS habla de "paquete fiscal de estímulo a la búsqueda y extracción de petróleo". EL ECONOMISTA señala que "Soria compensa a Canarias con una tasa al buscar petróleo y gas".
EL PAÍS 1,12,13/EL MUNDO 1,28/ABC 1,36,37/LA VANGUARDIA 61/EL PERIÓDICO 1,26,27/LA RAZÓN 28,29/CINCO DÍAS 1,3,4/EL ECONOMISTA 1,16
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)